La Fiscalía de Arica formalizó al empresario Ernesto Leiva Carrasco y al constructor civil Gustavo Betancourt Agurto por su presunta responsabilidad en delitos vinculados a la ejecución del contrato para la reposición del Parque Centenario (parque acuático), y cuyo perjuicio alcanzan los poco más de 471 millones de pesos.
En efecto, el ente persecutor formuló cargos en contra de ambos imputados en calidad de autores del delito de fraude al fisco, luego que la investigación estableciera que la empresa constructora Andalién recibió diversos pagos por trabajos aún no realizados en dicho recinto.
De esta manera ya son cuatro las personas imputadas por fraude al fisco en el marco de esta investigación dirigida por el Fiscal Francisco Ganga. Anteriormente, se formalizó al empresario Jorge Soto Correa –dueño de la empresa Andalién y socio de Leiva Carrasco- y al ex funcionario municipal e inspector técnico de obras Francisco Ojeda Cárdenas.
Pagos
De acuerdo a los antecedentes revelados en la audiencia, el 11 de marzo de 2011 la Ilustre Municipalidad de Arica adjudicó a la constructora Andalién la propuesta pública número 52 de ejecución del contrato para la reposición del parque centenario, fijándose un plazo de ejecución de las obras de 400 días. Sin embargo, la firma no logró cumplir con las etapas de avance ni especificaciones técnicas. A raíz de ello, con fecha 11 de mayo de 2012, se dio término anticipado al contrato.
La indagatoria estableció que la empresa recibió diversos pagos por obras no ejecutadas, así como trabajos defectuosos e inconclusos. Asimismo se determinó que sus propietarios entregaron información falsa con la finalidad de adjudicarse la propuesta y respecto a los estados de pago.
En este sentido, el inspector técnico de obras Francisco Ojeda validó y autorizó diversos pagos a la empresa por trabajos no realizados y defectuosos.
Por otro lado, se estableció que se presentó información falsa respecto a los profesionales contratados por la firma que trabajarían en la obra, así como antecedentes adulterados que aseguraban la solvencia económica de la empresa a la hora de postular a la licitación.
Durante la audiencia, el Fiscal Francisco Ganga informó que el monto del perjuicio alcanzó la suma de $471.456.679 pesos.
“Esta es una investigación de alta complejidad y en la que aún nos quedan diversas diligencias pendientes. En esta oportunidad se formalizó a uno de los propietarios de la empresa constructora y además a la persona que ejercía el cargo de encargado técnico y era responsable de las obras”, expresó el Fiscal Francisco Ganga.
El Juzgado de Garantía decretó como medida cautelar la obligación de firmar mensualmente y el arraigo nacional para los imputados. Asimismo, se amplió el plazo de investigación en 70 días.
