En menos de una semana, la Fiscalía de Arica formalizó y logró dejar en prisión preventiva a un segundo imputado que cumplía funciones de cobrador de préstamos ilegales también conocidos como “gota gota”. La indagatoria estableció que Leonardo Morales Sánchez, de 29 años, exigía el pago de los créditos mediante amenazas y que en uno de los casos ejerció violencia en contra de una víctima.
De acuerdo a antecedentes de la investigación, que ya tiene a 23 personas formalizadas, el ciudadano colombiano se comunicó con una víctima exigiéndole violentamente el pago de la deuda. Asimismo, y ante la negativa de esta última, habría quemado intencionalmente un vehículo de su propiedad para amedrentarla.
En tanto, en otra oportunidad el imputado habría participado en la agresión de una víctima resultando con lesiones leves.
En ese contexto, funcionarios de la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado de la PDI detuvieron a Leonardo Morales, quien fue formalizado como presunto autor de los delitos de usura y amenazas. El extranjero quedó en prisión preventiva debido a que constituye un peligro para la seguridad de la víctima, de la sociedad y por el peligro de fuga.
Investigación
La investigación desarrollada por la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota junto a la PDI permitió desarticular en noviembre pasado la mayor red internacional que operaba en Chile dedicada a facilitar dinero cobrando intereses que superan el máximo legal, además de otros delitos. La indagatoria finalizó en esa oportunidad con la detención de 21 personas, en su mayoría extranjeros, además de la incautación de dinero en efectivo y documentación.
Se pudo determinar que la organización era liderada por dos sujetos y que además estaba conformada por personas que cumplían la función de socios supervisores, quienes autorizaban o rechazaban los préstamos ilegales y que controlaban grupos de menor jerarquía, integrado por imputados que ejercían el rol de captadores y cobradores diarios. A ellos se suma un ciudadano chileno que prestaba apoyo logístico y elaboraba contratos de trabajo falsos a los extranjeros para regularizar su situación migratoria en el país.
El trabajo investigativo de la Fiscalía y la PDI detectó también que la red había implementado una aplicación en los teléfonos celulares de los cobradores, a fin de controlar sus recorridos y procesos de cobranza, además de una base de datos con todos los deudores.
En el marco de la diligencias se informó que la red realizó giros al extranjero (Colombia y Brasil) por un monto total de 77 millones de pesos y 5 mil 300 dólares, además de otorgar cerca de 500 préstamos.
