Comisión de Vivienda de la Cámara revisa desalojos de familias que habitan viviendas con subsidios de gobierno

Al menos unas 30 familias de distintos conjuntos habitacionales de Arica se encuentran en la etapa final de desalojo, tras el Plan de Fiscalización de Viviendas Sociales, efectuado por la Dirección Regional del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), de acuerdo con lo que expusieron en la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados y Diputadas, las representantes de quienes son víctimas de litigio, Gabriela Chamorro y Patricia Choquehuanca junto a la abogada Marianela Vásquez.  
Explicaron que hace un año y medio, comenzaron a vivir una verdadera pesadilla distintas personas, en su mayoría, en situación de vulnerabilidad, quienes han sido objeto de revocación de subsidios habitacionales, fiscalizaciones retroactivas, y en muchos casos, de desalojos forzados, con uso de fuerza pública, vulnerando garantías mínimas del debido proceso y sin defensa legal efectiva que ha derivado en tribunales. 
“No aceptan nuestras justificaciones, siendo que todos los propietarios despojados trabajamos, somos madres, padres, jefes y jefas de hogar, personas discapacitadas, adultos mayores e indígenas que habitamos nuestras viviendas pero que trabajamos en turnos en valles, como asesoras de hogar, guardias, entre otras tareas que demandan bastantes horas o días fuera de los hogares”, afirmó Patricia Choquehuanca, una de las personas afectadas. 
Agregó que en la región tocaron muchas puertas, pero, sin respuesta favorable ya que en “todas partes nos dijeron que la única que podía detener este flagelo era la directora, Gladys Acuña, quien nunca quiso recibirnos. Por eso vinimos al Congreso y hablamos también con el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, porque necesitamos que nuestras familias sean escuchadas y no quedemos en la calle ya que este subsidio lo entrega una sola vez en la vida el Estado”. 
Por su parte, Gabriela Chamorro, sobrina de uno de los perjudicados añadió que son tres fiscalizaciones domiciliarias y si en ninguna encuentran al dueño de casa, la fiscalización pasa automáticamente a un proceso judicial. “Esto no sólo es dañino, sino que es totalmente arbitrario, porque para vivir hay que salir a trabajar, fuera de la casa y en ese horario, es cuando te fiscalizan, sin derecho a diálogo con el Serviu, ya que todo se va a la justicia”, reclamó. 
Agregó que en su mayoría las apelaciones presentadas son rechazadas injustificadamente y que los “procedimientos administrativos y judiciales son carentes de acceso real a la regularización y sin defensa previa, porque utilizan retroactivamente la Ley N° 17.635 (Ex Corvi), afectando gravemente a residentes con más de 3 años de ocupación continua en viviendas sociales”. 
El senador José Pilo Durana quien ha acompañado a estas familias, en este proceso, acudiendo a exponer esta situación a la directora del Serviu; al INDH y a los tribunales, expresó su preocupación: “están pagando justos por pecadores, porque hay personas que hacen mal uso de este beneficio, arrendando o cediendo a terceros, en desmedro de quienes realmente necesitan un hogar y eso lo entiendo y lo comparto con Serviu”.
Sin embargo, el legislador dijo que en la mayor parte de los casos se está cometiendo una tremenda y cruel injusticia, por lo mismo, solicitó al Serviu una mesa de trabajo para revisar caso a caso. “He recibido muchas denuncias y he conversado con las personas afectadas y lo están pasando pésimo, al saber que perderán su departamento, por no haber estado al momento de las fiscalizaciones y por eso, pedimos criterio y diálogo de ambas partes”. 
Sostuvo que el Serviu argumenta la recuperación de viviendas, pero advirtió que es “el único que en Chile efectúa esta iniciativa, por lo que agradezco que la Comisión de Vivienda que preside el diputado Cristian Araya que invite a la directora regional, para que nos comente sobre este plan de rescate de viviendas sociales y podamos argumentarle la necesidad de una revisión de cada caso”, precisó el parlamentario ariqueño. 
La abogada Vásquez, dijo que “Chile ha suscrito compromisos internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a una vivienda digna y adecuada. La vulneración masiva y estructural de estos derechos en la Región de Arica y Parinacota no puede quedar invisibilizada ni ser tolerada por el Estado. “El Estado no puede actuar como un ente expulsor, sino como garante de derechos. Esta audiencia debe marcar el inicio de una solución justa, humana y legal”.