En medio del explosivo aumento de la migración irregular —que creció más de un 3.000% entre 2018 y 2023, alcanzando cerca de 336.984 personas—, Jorge Díaz, diputado por la región de Arica y Parinacota apoyó la propuesta legislativa de restringir el acceso a beneficios económicos estatales a quienes no cuenten con situación migratoria regular en Chile.
La iniciativa plantea excluir a extranjeros irregulares de subsidios, programas sociales y del Registro Social de Hogares, además de exigir residencia definitiva y cédula vigente para acceder a beneficios como vivienda.
También busca priorizar a ciudadanos chilenos en salud y educación, en un contexto donde se cuestiona que actualmente personas sin regularización puedan acceder a prestaciones mediante cédulas de identidad provisorias, lo que —según sus impulsores— dificulta el control de identidad y podría abrir espacio a organizaciones criminales.
Durante su intervención en la Cámara de Diputados, Díaz subrayó la necesidad de equilibrar la tradición solidaria de Chile con un enfoque de orden institucional. “Chile debe seguir siendo un país solidario, pero también un país ordenado”, afirmó, enfatizando que la ausencia de requisitos de regularización genera tensiones en el acceso a servicios y presión sobre los recursos públicos.
“Las regiones del norte —y particularmente Arica y Parinacota— han vivido en primera línea las consecuencias de una migración desbordada: presión sobre los servicios de salud, sobre la educación pública, sobre la seguridad, y sobre los recursos municipales.
Y frente a eso, el Estado no puede seguir actuando como si los recursos fueran infinitos. No lo son. Cada peso que se destina a un beneficio social es financiado por el esfuerzo de millones de chilenos que cumplen las reglas. Por lo tanto, es legítimo —y necesario— establecer prioridades claras”, sostuvo.
El parlamentario puso especial énfasis en la realidad de regiones como Arica y Parinacota, donde —según indicó— la migración irregular forma parte de la vida cotidiana. Advirtió que los sistemas de salud, educación y apoyo social enfrentan una demanda creciente, muchas veces sin contar con la infraestructura ni el financiamiento adecuado.
“Esto impacta directamente en la calidad de vida de los ariqueños y parinacotenses”, sostuvo, argumentando que la medida busca proteger tanto a las comunidades locales como a los propios migrantes.
“No es exclusión, es justicia”
En su intervención, Díaz defendió que la iniciativa no busca excluir, sino establecer reglas claras: “Avanzar hacia una legislación que permita acceder a los beneficios estatales solo a quienes cuenten con cédula de identidad vigente no es una medida de exclusión, sino de orden y justicia”.
Asimismo, sostuvo que esta política podría incentivar la regularización migratoria, otorgar mayor certeza a las comunidades y contribuir a una convivencia equilibrada.
El diputado cerró su intervención reafirmando su apoyo al proyecto: “No se trata de cerrar puertas, sino de establecer reglas claras donde la solidaridad vaya de la mano con el respeto a la ley y la sostenibilidad de los servicios públicos”.
