Al comparar con el año 2021, el 2022 las expulsiones registraron un alza del 15%. Predominan las judiciales y las administrativas van a la baja, pasando de 246 a 31. El director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, en conversación con la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, explicó que esto se debe a que “cambió la Ley que establece los procedimientos de notificación de las expulsiones administrativas”. Y agrega que bajo su administración han “firmado más de 1.700 inicios de procedimiento de expulsión administrativa y, sin embargo, la policía ha podido materializar muy poquitas”.
El arribo del Presidente Gabriel Boric a La Moneda estuvo marcado por las controversias relacionadas a la expulsión de migrantes. Una de ellas, por ejemplo, ocurrió cuando la exministra del Interior, Izkia Siches, se refirió a un supuesto vuelo que habrían vuelto a Chile con todos sus pasajeros expulsados.
Dicho error no forzado dejó como consecuencia las disculpas públicas y privadas de la entonces titular de Interior a las antiguas autoridades en materia de migración en el gobierno de Sebastián Piñera.
A lo anterior se suma el aumento de la violencia y la presencia de bandas internacionales de crimen organizado. Bajo este contexto, la migración y la expulsión de extranjeros son cada día un tema más relevante para la sociedad chilena. Pero, ¿cuántas expulsiones se realizaron en el 2022? ¿Son más judiciales o administrativas?
La Unidad de Investigación de la Radio Bío Bío accedió a las cifras finales de expulsiones del año 2022 que maneja el Servicio Nacional de Migraciones. Son 1.070, siendo el mes de marzo el periodo en que más se expulsó a extranjeros con 228. Le sigue agosto con un total de 135.
Cabe recordar que las expulsiones se pueden realizar a través de dos vías: la administrativa, realizada por el Servicio Nacional de Migraciones, dada por el incumplimiento de la normativa migratoria o faltas a la Ley de Extranjería. La segunda son las judiciales. Estas son ordenadas por los tribunales de justicia y afectan a personas que han cometido delitos y tienen condenas menores a 5 años y un día, con la que se puede conmutar la sentencia por una medida de expulsión judicial.
COMPARACIÓN 2021
Al observar las cifras de 2021 y 2022 se puede ver un aumento del 15% en la expulsión de extranjeros, pasando de 913 a 1.70. Dicha alza se debe al incremento de los procesos judiciales.
Al comparar un mismo mes, por ejemplo, agosto, se detalla que en 2021 se realizaron 13 expulsiones administrativas y 76 judiciales. Un año después fueron 5 administrativas y 134 judiciales, situación que se repite en casi todos los meses. Otro caso es el mes de junio. En 2021 fueron 61 las administrativas y 77 judiciales, a diferencia de 2022 que solo se realizó una expulsión administrativa y 92 judiciales.
Si se mira el año completo en 2021 fueron 246 administrativas y en 2022 solo 31. En la vereda de enfrente, las judiciales se sitúan en 667 en 2021 y 1.039 en 2022.
Luis Eduardo Thayer, director del Servicio Nacional de Migraciones, en conversación con la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, explicó la causa detrás de la baja en las expulsiones administrativas: los cambios a la normativa legal.
“Respecto de las expulsiones administrativas y la baja en su materialización, por parte de la Policía de Investigaciones, lo que ocurrió entre el año 2021 y el 2022, es que cambió la Ley, que establece los procedimientos de notificación de las expulsiones administrativas”, señala.
Asimismo, transparenta que como Servicio han “firmado más de 1.700 inicios de procedimiento de expulsión administrativa y, sin embargo, la policía ha podido materializar muy poquitas, porque el procedimiento que estableció la nueva Ley de migraciones hace mucho más engorroso el procedimiento de notificación y de materialización”. Y agrega que como Ejecutivo han presentado un proyecto para “modificar el procedimiento de notificación de las expulsiones”.
También dio cuenta del trabajo que se está realizando con distintos sectores políticos para “incrementar las capacidades que tiene Carabineros de fiscalizar a personas en situación irregular. Sabemos que hoy día la autoridad que fiscaliza el tema migratorio es la Policía de investigación. Nosotros queremos que Carabineros apoye, y en ese sentido, estamos apoyando un proyecto y vamos a presentar indicaciones para facilitar y fortalecer esta idea, para que Carabineros apoye a la PDI”.
