El homicidio de un adolescente en Arica, cuyos antecedentes han sido informados por el fiscal regional, da cuenta de un hecho de la mayor gravedad y crueldad que, como Servicio de Protección, nos impacta profundamente. Realizamos todas las acciones a nuestro alcance para que el adolescente accediera a prestaciones de protección y salud, junto con efectuar las denuncias pertinentes sobre el riesgo en el que se encontraba.

Los hechos se dan en un contexto particular y altamente complejo como lo señaló el fiscal regional. El adolescente —cuyo nombre no mencionaré por respeto a su familia— mantenía una medida de protección vigente en una residencia del Servicio desde abril de 2025. Sin embargo, es importante señalar que durante ese período estuvo 3 días en la residencia y 176 días en hospitalizaciones o centros de tratamiento, donde se realizaron intervenciones psicosociales, y el tiempo restante no ubicable pese a los esfuerzos de búsqueda desplegados.

A partir de alertas realizadas por los equipos de la residencia, se impulsaron diversas acciones para dar con el paradero del adolescente. Esto incluyó denuncias por presunta desgracia ante Carabineros, solicitudes de órdenes de búsqueda al Tribunal de Familia, así como acciones de búsqueda realizadas directamente por los equipos de la residencia en zonas de riesgo de la región, sin lograr ubicarlo.

Como Servicio, entregamos todas las alertas y antecedentes disponibles a los organismos correspondientes, activando los protocolos establecidos para este tipo de situaciones en 12 ocasiones,7 de ellas en los últimos 4 meses, y teníamos coordinado un traslado fuera de la región apenas fuese ubicado. Utilizamos todas las herramientas a nuestro alcance para abordar este caso, en muchas de las cuales nuestros funcionarios arriesgaron su propia seguridad, por lo que reconozco su profesionalismo y compromiso.

Proteger a niños, niñas y adolescentes exige una coordinación interinstitucional efectiva, donde cada institución asuma plenamente su rol y responsabilidad. Este caso refleja que, como Servicio de Protección Especializada, estamos enfrentando situaciones que superan los límites de nuestra capacidad institucional y el mandato para el cual fuimos creados.

Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia