A través de la resolución 42, la Contraloría General de la República, decidió declarar ilegal el contrato directo entre la Intendencia Regional de Arica y Parinacota y la empresa Tobar y Tobar Ltda, para el suministro de 22.500 cajas familiares por emergencia sanitaria.
Desde el Gobierno Regional, el Intendente Roberto Erpel, instruyó a la Comisión Adjudicataria de la Intendencia realizar un informe técnico para tomar las decisiones administrativas que correspondan. “Hemos recibido los antecedentes de la Contraloría regional y por lo mismo decidí suspender, el mismo día sábado que tomé conocimiento, la entrega de las canastas familiares”, dijo el Erpel quien aseguró estar realizando las medidas necesarias para restablecer este apoyo estatal a las familias vulnerables.
Específicamente, la representación de la Contraloría tiene relación con que la empresa Tobar y Tobar Ltda, no pertenece al rubro alimentación, sino que su ámbito de acción es el de prestar asesorías empresariales y jurídicas.
“Ni el objeto social, ni el giro declarado ante el SII de la empresa Tobar y Tobar Ltda, tienen relación con el objeto del contrato, sin que en el acto administrativo en examen se señalen los motivos que condujeron, primero, a requerir cotización y luego a suscribir con ella el contrato en cuestión, mediante la modalidad de trato directo” detalla la resolución N°42 del órgano contralor.
Diputado Rocafull
Por su parte el diputado Luis Rocafull expresó, “Me parece muy positivo que la contraloria haya ordenado revertir el contrato, pero hoy dia lo que nos preocupa de sobremanera es que las personas puedan tener sus canastas de alimentos ya que es un compromiso que se asumio desde un comienzo y hay que gestionar para que esto sea lo mas rapido posible. Este lunes el parlamentario tendrá una reunión con Autoridades de Gobierno, donde solicitará que la entrega de las cajas de alimentos se entreguen lo mas pronto posible a todas las familias ariqueñas”.
CORE exige renuncia de Intendente y Administrador regional
La Comisión de Régimen Interno del Consejo Regional (CORE) analizó éste domingo los graves hechos dados a conocer por la Contraloría, por posibles irregularidades. Afirmando que esto significa realizar un nuevo proceso de compra, lo que genera una gran preocupación respecto de los tiempos que esto requiere.
Recordemos que el CORE aprobó destinar 900 millones del 5% de emergencia del FNDR para realizar esta compra, por lo que exigieron de manera unánime que el Gobierno Central tome cartas en el asunto para enmendar esta situación, solicitando además la inmediata renuncia del Intendente Regional, Roberto Erpel, del Administrador Regional, Giancarlo Baltolú y de todos quienes resulten responsables de estas irregularidades.
“Se ha perdido la confianza legítima en la capacidad de liderar y asegurar la transparencia del proceso de entrega de estas ayudas sociales y por ende, la capacidad de enfrentar la grave crisis sanitaria y socioeconómica por la que atraviesa nuestra región. Situación que se ve agravada por la suspensión en la entrega de canastas familiares, perjudicando a las familias de la región que están esperando el beneficio” constató el CORE posterior a la reunión lleva a cabo este domingo 14 de junio.
