Crudos antecedentes respecto a los diversos episodios de violencia y agresiones que sufrieron los extranjeros en su travesía hacia Chile se conocieron este miércoles en la audiencia en que la Fiscalía de Arica y Parinacota solicitó, ante la Corte de Apelaciones, la extradición de seis integrantes de la organización internacional más grande dedicada a ingresar clandestinamente a personas a nuestro país.

Dicha red delictiva fue desarticulada el pasado viernes, tras una investigación conjunta con el OS9 de la Dirección de Investigación Criminal de Carabineros, en el marco de una mega diligencia internacional que incluyó allanamientos simultáneos en varias ciudades del Perú y Chile, y que concluyó con la detención en el vecino de país de cuatro personas, entre ellas la cabecilla de la organización, responsable del ingreso ilegal de más de 200 personas, en su mayoría de nacionalidad dominicana, desde el año 2014 a la fecha.

Ataques sexuales

Durante la audiencia ante la Primera Sala del tribunal de alzada, la Fiscal Regional Javiera López hizo mención a casos en que extranjeras sufrieron ataques sexuales durante su travesía hacia nuestro país, así como también agresiones físicas por parte de los imputados. En este sentido, hubo casos en que las personas captadas por esta organización fueron secuestradas y retenidas por los mismos integrantes durante largos periodos de tiempo, debido a que no tenían dinero para pagar el traslado e ingreso clandestino a Chile.

“En esta audiencia entregamos todos los antecedentes de la investigación y señalamos la forma de operar de esta banda delictual, así como también dimos a conocer varios relatos de los casos más fuertes en los cuales las víctimas fueron objeto de atentados sexuales, agresiones y además en los cuales se puso claramente en riesgo la vida de las personas”, expresó la persecutora regional.

Según se ha podido establecer, el grupo captaba a ciudadanos dominicanos en su país de origen ofreciendo bajo engaño trasladarlos hasta Chile, con la promesa de entregarles visas de trabajo y alojamiento por un mes. Para ello, cobraban sumas de entre los 700 y 3 mil dólares.

Tras ello, las personas eran trasladadas por vía aérea hasta Colombia o Ecuador, para seguir su camino por vía terrestre, ya fuera en buses, camionetas o automóviles, hacia Perú. En este último país, la red tenía habilitadas casas de acopio de personas en Sullana, junto a la frontera con Ecuador, y en Tacna.

La indagatoria estableció que ya en Tacna la organización ocupaba dos rutas para ingresar ilegalmente a extranjeros a nuestro país. Por un lado, trasladaban a las personas hasta el paso de Desagüadero (que une a Perú con Bolivia) y desde ahí a Chile por la localidad de Colchane, en la Región de Tarapacá. Sin embargo, la mayoría de los migrantes ingresaban a nuestro país desde Tacna a Arica, desplazándose a pie por zonas de campos minados.

En este contexto, las diligencias también identificaron a dos ciudadanos bolivianos integrantes de la red y sobre quienes también se pidió su extradición.

“Si la corte accede a la extradición, viene una serie de gestiones que se realizan a través del Ministerio de Relaciones Exteriores para efectos de hacer llegar a las autoridades peruanas la solicitud formal de extradición, y luego son las autoridades peruanas las que tienen que deben dar una respuesta en relación a si acceden a extraditar a Chile a estas personas o bien si prefieren juzgar en Perú a sus propios nacionales”, detalló la Fiscal Regional.

A estos cuatro miembros de la red detenidos en Perú el viernes se suman otras tres personas que ya se encontraban en prisión preventiva en Chile por su responsabilidad en los hechos investigados. En este sentido, este lunes 7 de noviembre, la Corte de Apelaciones dará a conocer su resolución sobre la solicitud de extradición.