El presidente de la Corte de Apelaciones de Arica, Mauricio Silva Pizarro, recorrió las instalaciones del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal y el Juzgado de Garantía de la ciudad, con el fin de observar el trabajo desplegado por las administraciones para habilitar los tribunales ante un eventual ingreso a la fase 2 y la reanudación de los juicios y audiencias presenciales.
Según detalló, el trabajo al interior de ambos tribunales está avanzado tanto las oficinas de los jueces y funcionarios, así como las salas de audiencia, las que están habilitadas con la infraestructura necesaria para evitar el contagio de coronavirus.
“Conversé con los administradores y los jueces presidentes de los dos tribunales para que me indicaran cómo van con este proceso de una posible fase 2. Pude comprobar que los trabajos y coordinaciones se encuentran bastante avanzadas en términos de mobiliario, de medidas higiénicas acordes a los protocolos lo establecen”, dijo el ministro Silva.
En este aspecto, el presidente del tribunal de alzada sostuvo que dichas medidas fueron establecidas en el acta del Ministerio de Salud y el protocolo dictado por la Corte Suprema, a través de las actas 52-2000 y la resolución 335-2020 del máximo tribunal, que han instruido especialmente el cuidado de la salud de los usuarios y funcionarios al realizar las actuaciones judiciales que han sido necesarias para preservar los derechos de las personas sin vulnerar el debido proceso.
El ministro Silva, acompañado por el administrador de la Corte de Arica, Raúl Marchant, inició su recorrido visitando el Juzgado de Garantía, donde fue recibido por su administrador Hernán Torres y la jueza presidenta Paulina Zúñiga. Luego, se trasladó al Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, donde dialogó con su administradora Luz Benítez y el juez presidente Eduardo Rodríguez.
En la actualidad, ambos tribunales realizan sus juicios y audiencias de manera semipresencial. Para ello, se ha desarrollado un trabajo de coordinación con las otras instituciones ligadas al sistema judicial, como el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, además de Gendarmería, con la finalidad según el ministro Silva de mantener el servicio judicial en la región.
