Cuatro ciudadanos haitianos estuvieron privados de libertad ilegalmente durante más de 12 horas, tras llegar en un vuelo comercial provenientes de Santiago.
Los extranjeros detenidos fueron fiscalizados en el aeropuerto de Chacalluta, cuando funcionarios de la PDI les solicitaron los documentos que acreditaran la legalidad de su estadía en territorio nacional. Una vez realizada esta acción y corroborado que estaban con sus documentos en regla,
los efectivos sin instrucción por parte del fiscal de turno, trasladaron a los imputados hasta el cuartel Angamos, procediendo posteriormente a verificar que la dirección ingresada en los documentos de traslado correspondiera.
Los funcionarios se trasladaron hasta el domicilio señalado en los permisos, pero no encontraron la numeración, por lo que dejaron a los imputados privados de libertad y hoy pasaron a control de detención acusados de falsificar instrumento público (permiso obtenido en comisaría virtual).
Defensa
Al ser personas que no hablan idioma español, la defensa a cargo del defensor penal público, Rodrigo Torres Díaz y la defensora Victoria Quezada, solicitaron la colaboración de un intérprete de creolé, con el fin de explicarles de mejor manera la situación y sus derechos.
Durante la audiencia de control de detención el defensor Torres, expuso que los efectivos policiales realizaron la detención sin contar con indicios claros de la comisión de un delito, además realizaron diligencias autónomas que estaban fuera de sus facultades legales, vulnerando los derechos de los imputados, siendo actos discriminatorios en contra de ellos.
Sobre aquello, el defensor agregó que la normativa vigente respecto a la calidad en la que se encuentran los extranjeros en territorio nacional, los faculta para revisar solo esta situación en el sistema, no ha realizar otras diligencias o solicitar otros antecedentes, mucho menos a efectuar diligencias autónomas, siendo esto ilegal. Además agregó que estamos frente a actos discriminatorios, entendiendo que sólo se les fiscaliza por ser personas que destacaban por su color de piel, dado que a nadie más se le fiscalizó. Por esta razón solicitó se decretara la ilegalidad de la detención, lo que fue aceptado y decretado por el juez Juan Araya, quien señaló se cometió una falta contra del derecho de igualdad ante la ley.
Finalmente, quedaron en libertad, sin medidas cautelares y con un plazo de investigación de 30 días.
