Por mandato del pleno de ministros de la Corte Suprema, la Corte de Apelaciones de Arica creó en la región una mesa de trabajo interinstitucional que tiene como objetivo abordar el problema que se genera con niños, niñas y adolescentes migrantes que ingresan al país por pasos irregulares.
La crisis migratoria que afectó hace unas semanas a la comuna de Colchane, en la Región de Tarapacá, llevó al máximo tribunal del país a solicitar a todas las jurisdicciones que elaboren un diagnóstico y –a su vez– propuestas para saber qué hacer con los niños que no venían acompañados, de tal forma de buscar la forma de reubicarlos con sus familias.
La jueza presidenta del Juzgado de Familia de Arica, Carolina Valenzuela, explicó que la Corte de Arica convocó a diversas instituciones relacionadas con el tema para iniciar el diálogo que permita avanzar en el tema y que durante estas semanas han participado en reuniones con sus pares de las mesas técnicas de Iquique y Antofagasta para compartir experiencias y colaborar en la unificación de criterios de abordaje de esta temática en la macrozona norte, con la finalidad de analizar el desempeño local y encaminar nuevas acciones en pos de mejorar el abordaje de estos casos: “Si bien Iquique lleva la delantera en este aspecto por lo ocurrido en Colchane en cuanto a migración irregular, nuestra realidad sigue siendo relevante dado que poseemos la segunda mayor cantidad de extranjeros en sistema residencial luego de Santiago”, dijo la magistrada.
SIETE CASOS
En dicho contexto, dio cuenta que en el caso de Arica existen 89 niños, niñas y adolescentes vinculados a una medida de protección residencial y de ellos 26 son de nacionalidad extranjera (venezolanos, colombianos, peruanos, bolivianos y ecuatorianos). Siete se encuentran sin un adulto referente en nuestro país y de ellos seis tienen orden de búsqueda vigente por haber salido de forma no autorizada de su residencia. “Son de nacionalidad venezolana y con edades cercanas a la mayoría de edad. En este tenor, una de las grandes dificultades que hemos detectado con los migrantes de nacionalidad venezolana, es que al no contar con documentos de identidad no tenemos certeza de que realmente sean menores de edad, agudizándose esta situación con el hecho de que no existe un flujo de abordaje claro y expedito respecto a las autoridades diplomáticas internacionales”.
En este último punto, se conformó una Comisión de Órdenes de Búsqueda, que desarrolla un protocolo operativo para la búsqueda expedita y gestionar con el Registro Civil la entrega de un RUT provisorio para estos menores. “Además, se solicita a la Unidad de Protección de Derechos del Sename nacional que realice las gestiones pertinentes con los consulados, principalmente con el consulado venezolano, con el objetivo de buscar familiares para restituir el derecho de estos niños, niñas y adolescentes a vivir en familia”, dijo.
Esta mesa de trabajo interinstitucional es encabezada por el ministro de la corte de Arica y visitador para el Juzgado de Familia, Mauricio Silva; y la conforman además el Servicio Nacional de Menores (Sename), Carabineros, PDI, Defensoría de la Niñez, la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Seremi de Desarrollo Social, Programa “Mi Abogado”, Municipalidad de Arica, Servicio Jesuita al Migrante, Departamento de Extranjería de la Gobernación Provincial de Arica y el Centro de Observación y Control del Cumplimiento de Medidas de Protección dependiente del tribunal de alzada.
“Como Juzgado de Familia desde hace tiempo estamos relevando el compromiso y trabajo que debemos desempeñar frente esta triste realidad de los extranjeros que ingresan por pasos no habilitados, exponiéndose a precarias condiciones de vida”, dijo Carolina Valenzuela.
