Esta semana, el Senado aprobó el proyecto que modifica la Carta Fundamental en materia de regulación migratoria, ampliando el plazo de detención para realizar la expulsión de un extranjero, texto que ahora debe ser visado por la Cámara de Diputados y Diputadas, en segundo trámite constitucional.
En concreto, se propone que “Este lapso de 48 horas no se considerará para efectos de materialización de expulsiones administrativas. En este último caso corresponderá a la ley fijar el plazo máximo, el que no podrá en todo caso exceder de cinco días corridos”.
Según explicó el senador José Miguel Durana (UDI), coautor de este proyecto junto a Coloma, Ebensperger, Macaya y Van Rysselberghe, la política migratoria es hoy en día una prioridad nacional y en ese contexto, este proyecto de ley busca generar una herramienta eficaz para su real aplicación.
Agregó que la Constitución asegura a todas las personas el derecho a la libertad personal y a la seguridad individual, considerando, entre otras cosas, que cualquier persona arrestada o detenida sea puesta a disposición de un juez dentro de un plazo máximo de 48 horas.
“Peo esta garantía constitucional, admite la excepción, cuando en el caso se investigan hechos calificados por la ley como conductas terroristas dada la complejidad de este tipo de delitos”, precisó el legislador, declarando que esta iniciativa busca evitar que esta garantía constitucional derive en una burla de la ley migratoria.
Sostuvo que es necesaria la efectiva ejecución de los procesos de expulsión administrativa, toda vez que al ser detenida una persona por haber cruzado la frontera en forma irregular y ser puesta a disposición del juez se inhibe el proceso de expulsión administrativa, derivándose en la permanencia irregular del migrante en territorio nacional.
Con este proyecto de reforma constitucional se establece que este lapso de 48 horas para que el migrante irregular sea puesto a disposición del juez, se amplía a los efectos de poder materializar el proceso de expulsión administrativa y para ello se establece que una ley podrá fijar un plazo máximo, el que no podrá exceder de 5 días corridos.
De esta forma, añade el senador, se generará un espacio de tiempo suficiente para recabar los antecedentes de las personas que sean sujetos de una medida de expulsión y se cerrará la puerta para que quienes transgreden las fronteras y se aprovechen del sistema judicial para permanecer en Chile.
“Como legisladores nos sumamos activa y eficazmente para enfrentar el problema migratorio irregular en nuestro país. En los últimos días, hemos observado como el gobierno ha desplegado a las FFAA a la frontera norte, como una medida disuasiva. Es evidente que, si la máxima facultad de estos efectivos es conducir a quien transgrede las fronteras ante los jueces, este enorme esfuerzo solo tendrá un efecto mediático por pocos días”, remarcó Durana Semir.
En este sentido, criticó que en las zonas de resguardo no se incorporara la ruta 5 norte por donde transitan el transporte de mercancías y personas y fundamentalmente, los transportistas que ven amenazados sus fuentes laborales y su integridad física por temor a ser asaltados en las rutas e incluso en las zonas de descanso o en las posadas de camioneros.
