En septiembre de 2022 no votaron, por distintas razones, 2.145.166 electores y el 7 de mayo pasado, 2.666.462, infringiendo la obligatoriedad del voto, un total de 4.811.628. Sin perjuicio de que los ciudadanos se justifiquen debidamente por las causales establecidas en la ley, su ausencia de los procesos electorales deriva en el pago de una multa que puede ascender hasta las 3 UTM a beneficio municipal.
Son los Juzgados de Policía Local los que llevan adelante esta tarea de recaudación, sin embargo, la sobrecarga laboral; la carencia de recursos materiales y humanos necesarios les imposibilita la tramitación de estas casi 5 millones de causas de quienes se abstuvieron de sufragar, sólo considerando los dos últimos procesos electorales que se han realizado en Chile. 
Es por esta razón que el senador José Miguel Durana (UDI) presentó una moción parlamentaria solicitando al gobierno, la urgente presentación de un proyecto de ley para que las denuncias a los Juzgados de Policía Local sean efectuadas una vez que el Servicio Electoral (Servel) realice un filtro de los casos que, de acuerdo con la norma, estén justificados de no haber ido a votar.
“Con el respaldo de 26 senadores, presenté este proyecto para que se legisle y se presente un procedimiento administrativo y transparente que permita a las personas que no participan en los procesos electorales como adultos mayores, enfermos o viajeros, puedan excusarse con el Servel para que depure la información, antes de que se envíe a los Juzgados”, afirmó el parlamentario. 
Una vez normado, plantea el legislador, sólo deberían llegar a los Juzgados de Policía Local aquellos casos que no sean justificados administrativamente ante el Servel que ameriten un tratamiento judicial para la determinación de la sanción, la cual, en todo caso, debe continuar siendo a beneficio de los municipios.
“Es importante que se dicte una norma que contenga un procedimiento que no implique mayores gastos a los municipios que, en muchos casos, no podrán solventar el costo de millones de notificaciones para la realización efectiva del cobro o bien se destinen recursos extras, con cargo a de las multas que sean cobradas, fortaleciéndose los Juzgados de Policía Local”, remarcó el senador Durana.
Finalmente, el parlamentario de Arica y Parinacota puntualizó que esta problemática se verá agravada con la realización de los próximos procesos electorales, programados para los próximos dos años, por lo que se requiere que el Ejecutivo presente un proyecto de ley que regule la labor de los Juzgados de Policía Local en materia del cobro de mutas post elecciones.