La estrategia de intervención del Gobierno se levanta por medio de un trabajo coordinado con Carabineros, la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público.
Como positivo calificó el Delegado Presidencial Regional, Ricardo Sanzana Oteíza, el último reporte entregado por Carabineros que evidencia las acciones planificadas por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric para frenar el aumento en el número de homicidios en el país y el cambio en la dinámica de perpetración del delito, como también, el incremento del uso de armas de fuego y de imputados desconocidos.
A la fecha, el informe de la policía uniformada indica que se han realizado cerca de 9 mil controles preventivos de identidad; sobre los 4 mil controles vehiculares, más de 160 armas incautadas y se detuvo a 423 personas, 162 de ellas con orden de detención vigente.
“Estas cifras son relevantes porque evidencia que el Plan va avanzando en los objetivos que se planteó. Un trabajo de intervención comunitaria y recuperación de espacios públicos que hemos liderado, de acuerdo a las cifras policiales y la información que nos aportan la sociedad civil organizada”.
Agregó que, la experiencia “nos demuestra la importancia de la coordinación entre la fiscalía y las policías en la priorización de ciertos delitos para orientar los esfuerzos institucionales hacia la resolución de tipos delictivos específicos, de manera de entregar una respuesta, tanto a las víctimas como a la ciudadanía, respecto a los homicidios”.
LÍNEA DE ACCIÓN
El Plan considera cuatro líneas de acción. La primera -con alcance comunal- la persecución penal efectiva, para que no exista impunidad. Se doto con mayor capacidad profesional y técnica al Ministerio Público y la PDI para la investigación de los homicidios fortaleciendo la obtención y levantamiento de antecedentes relevantes desde los primeros momentos de ocurridos los hechos.
Una segunda, con la implementación de patrullajes efectivos para concentrar los esfuerzos policiales en sectores altamente conflictivos. La tercera línea, consiste en la fiscalización de infracciones e incivilidades, tanto en materia de control y fiscalización de armas, como en la búsqueda y captura de personas que cuenten con órdenes de detención pendientes y prófugos. Y, por último, la intervención comunitaria y recuperación de espacios públicos con acercamiento de los servicios sociales, la activaciones culturales y deportivas y trabajo comunitario.
