“El gobierno está actuando de manera irresponsable y dando palos de ciego en materia migratoria”. De esta forma calificó el senador por Arica y Parinacota, José Miguel Durana (UDI), las decisiones que está adoptando el gobierno para enfrentar la inmigración ilegal que afecta al país y el desborde del crimen organizado transnacional, situación que, de acuerdo a la última Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC), mantiene a 9 de cada 10 chilenos atemorizados.

Uno de los mayores cuestionamientos del legislador a la política migratoria del Ejecutivo es la posición que expresó el Mandatario al señalar que todo inmigrante que no esté debidamente empadronado de forma biométrica sería expulsado del país, definición que para el senador Durana alienta a los inmigrantes ilegales a quedarse en territorio nacional, “cuando la medida que debiese impulsar La Moneda es que quien ingrese o permanezca en Chile de forma irregular, y sea sorprendido, se le expulsa de forma inmediata; en cambio, lo que hace el Presidente Boric es invitarlos a empadronarse y quedarse acá”.

Aseguró que el gobierno está desplegando una anti política migratoria, porque está haciendo al revés lo que corresponde aplicar en estos casos, ya que por un lado entrega todas las facilidades para quedarse en Chile a quienes ingresan o permanecen de forma ilegal, no expulsa a los que tienen orden de expulsión y no genera lazos de cooperación y coordinación con los países de la región para enfrentar en conjunto este grave problema.

En resumen, agrega el parlamentario, “nos encontramos a la deriva en este ámbito, porque estamos frente a un gobierno que piensa que inmigrar de cualquier manera, incluso de forma indocumentada e ilegal, es un derecho humano, cargando a todos los chilenos el enorme costo que esa mala definición de política pública migratoria provoca al Estado y los ciudadanos”.

Finalmente, Durana afirma que es tan equivocada la posición del gobierno y del Presidente Boric en este tema, ya que el empadronamiento biométrico sólo sirve para tener un número de registro e identificación de los inmigrantes ilegales en Chile, pero no se dispone, por lo general, con su historial en los países de origen, ni tampoco si tienen antecedentes penales en otros lugares, ya que esa información muchas veces es negada por los gobiernos de las naciones de donde provienen, como es lo que ocurre con Venezuela y Bolivia.