Junto a los parlamentarios de las comisiones de Constitución, Seguridad Pública y Defensa, tanto de la Cámara de Diputadas y Diputados, como de la Cámara Alta, el senador José Miguel Durana (UDI) participó, en La Moneda, de la exposición del borrador de la Política Nacional de Seguridad Pública, que actualmente lleva a cabo el Ministerio del Interior.

Fue la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, quien dio la bienvenida a los legisladores y legisladoras asistentes para dar continuidad al diálogo y exposición de los integrantes de su equipo de asesores ministeriales que integran personas como el jefe jurídico legislativo de la cartera, Rafael Collado.

En la instancia, Durana Semir, planteó la necesidad de agregar la identidad regional a esta política pública, argumentando que la realidad de cada región y macrozona es distinta de la otra, por su condición geográfica, su realidad económica y social y particularidades que son aprovechadas por la delincuencia y bandas criminales.

Detalló que el crimen organizado que ingresó por la zona norte fue desplazándose hacia el centro y sur del país, por lo que en esta zona, debe haber un reforzamiento mayor de sus fronteras, las que hoy son resguardas circunstancialmente por las Fuerzas Armadas, debido al proyecto de Infraestructura Crítica. 

“Como región nos hemos visto afectados con el ingreso masivo de la migración clandestina; del crimen organizado y del contrabando que está azotando la agricultura de Arica y que además, permitió el ingreso de la mosca de la fruta, otro de los factores que azota nuestra economía regional, por tanto, el tratamiento a nuestra zona debe ser distinto a las demás regiones del país”, enfatizó Durana. 

Añadió que si se habla de la interoperabilidad de la institucionalidad es necesario emplear la tecnología existente, ya que hay sistemas de bloqueos e identificación de celulares que permitiría salvaguardar algunos hechos delictivos de connotación pública, como también, cercar la señal de la telefonía móvil al interior de las cárceles, desde donde también se originan delitos. 

PROPUESTA

La propuesta gubernamental considera, como objetivo general, “establecer un marco de seguridad que aborde eficazmente las condiciones, amenazas y riesgos que inciden en la seguridad ciudadana, junto con prevenir el delito y enfrentar las diversas formas de violencia y criminalidad emergente”.

Esto se buscará ejecutar por medio de nueve principios: “seguridad como un derecho’, ‘derechos humanos’, ‘equidad territorial y no discriminación’, ‘eficacia’, ‘derechos de la niñez y adolescencia’, ‘género’, ‘participación ciudadana’, ‘transparencia y rendición de cuentas’ e ‘innovación y desarrollo tecnológico”.