El robo, hurto y receptación de cables de comunicaciones es uno de los delitos de mayor ocurrencia en Chile y en ello la zona norte es seriamente afectada, por lo mismo, se hacía urgente modificar el Código Penal y la ley N°18.168, General de Telecomunicaciones, para aumentar las sanciones de los delitos de robo, hurto y receptación de cables de telecomunicaciones.
Fue así como el Senado aprobó el proyecto de ley que tipifica los delitos de robo y hurto de cobre, y habilita el uso de técnicas especiales de investigación para su persecución, modificando diversos cuerpos legales a esta iniciativa que ahora deberá ser vista en la Cámara de Diputados y Diputadas.
De acuerdo a las estadísticas, fuera de la Región Metropolitana, Arica ocupa el tercer lugar a nivel nacional en el robo de cables, siendo acompañada, en esta lamentable estadística por Antofagasta y Alto Hospicio, explicó el senador José Miguel Durana (UDI) durante su votación del proyecto.
Añadió que las cifras emanadas de los denunciantes dan cuenta que en los seis primeros meses de 2022, se realizaron más de 11 mil delitos de robo de cables a lo largo del país y que entre 2021 y 2022 este tipo de faltas aumentaron en más de un 90% y significó el robo de cientos de toneladas de cables.
“Esta situación, provocó que más de 100 mil hogares se vieron afectados en el país, por efecto del robo de más de una tonelada de cables de fibra óptica, motivos más que suficientes que se tuvieron a la vista para la presentación de esta moción parlamentaria”, precisó el legislador ariqueño.
“El robo de cables, a lo largo de nuestro país, está generando beneficios económicos lucrativos para bandas de crimen organizado que obtienen jugosas ganancias, perjudicando directamente a la población que es víctima de la interrupción del normal suministro de los servicios de telecomunicaciones”, manifestó Durana Semir.
En este mismo sentido, el parlamentario dijo que se afecta no sólo el derecho a la propiedad de quienes son dueños de los cables, en general, como son las compañías de servicio de telecomunicaciones como telefonía, internet, etc., sino que también a los usuarios finales, quienes deben postergar sus actividades laborales, educativas, de salud y recreativas.
Asimismo, se afectan entidades y servicios públicos y privados que son esenciales para todos como supermercados, centros de salud, comisarias u otros, hechos que finalmente quedan en la impunidad puesto que de acuerdo a la Asociación Chilena de Telecomunicaciones, de más de 6 mil querellas presentadas en los últimos tres años, sólo una docena termina en condenas efectivas.
“La aprobación de esta norma tiene el carácter de urgente y la modificación del código penal, aumentando la pena y ampliando el espectro de servicios afectados a telecomunicaciones, equipos e instalaciones es imperativo que los órganos del Estado entreguen señales concretas a la ciudadanía respecto de su lucha contra la delincuencia”, enfatizó el senador.
