Tras varios meses de extensas negociaciones con el Ejecutivo que derivaron en la entrega de nuevos recursos económicos para las regiones, el senador José Miguel Durana (UDI) votó favorablemente el proyecto sobre royalty minero que fue aprobado en el Senado este miércoles, siendo despachado a su tercer trámite, a la Cámara de Diputadas y Diputados.
De esta forma, se suscribió un protocolo de acuerdo que incorpora en la Ley de Presupuestos de los años 2024 y 2025 un total de $1.336.958.697 para la comuna de Arica; $270.101.783 para Camarones; $251.592.378 para General Lagos y $306.741.501 para Putre, totalizando cerca de 2 mil 200 millones de pesos para la región, los que serán destinados a través del Fondo de Equidad por Comuna.
A este aporte, explicó el legislador, se suma un fondo trianual para las regiones del norte con recursos por un promedio de 200 millones de dólares anuales como, asimismo, el compromiso del gobierno en la ley de Rentas Regionales, como la revisión de la fórmula de distribución del FNDR y la actualización de criterios para la distribución del Fondo Común Municipal.
Durante la tramitación de este proyecto de ley en la Comisión de Minería pudimos escuchar a los diversos sectores involucrados, llegando al convencimiento de la disposición de las empresas mineras y de las diversas entidades que las agrupan, para sumarse a esta iniciativa, debiendo cuidar, en todo momento, los parámetros de productividad y competitividad de la industria en nuestro país.
“Mi votación fue un acto de confianza del protocolo de acuerdo del Proyecto de Ley de Royalty Minero que suscribió Hacienda, para las cuentas nacionales y el legítimo derecho de las regiones para obtener los recursos necesarios para lograr su desarrollo en condiciones de igualdad”, puntualizó el senador Durana.
Finalmente señaló que este proyecto es extraordinariamente sensible, porque se realiza un mayor aporte a través del incremento de la carga tributaria, sin embargo, busca el mecanismo más idóneo para aumentar la contribución de la minería a las arcas fiscales, pero sin afectar la certeza jurídica y sin poner en riesgo el futuro de la inversión en el país.
